Alebrijes en Cuadratines / Empleos para exgobernadores
Adrián Chavarría Espinosa
Siendo presidenta electa, Claudia Sheinbaum anunció que los seis gobernadores morenistas que terminaran su administración serían incorporados en algún cargo en el gobierno federal, lo cual ya cumplió con al menos tres de ellos.
Son Martí Batres, quien terminó el periodo de Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de Mëxico, y ahora es el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y con el tabasqueño Carlos Manuel Merino, quien asumió la titularidad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
En el caso de Sergio Salomón Céspedes, la semana pasada rindió su último informe de gobierno como gobernador sustituto de Puebla, tras el deceso de Miguel Barbosa en 2022. Ahora al terminar su gestión el 13 de diciembre, asumirá la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, en relevo de Francisco Garduño, quien tras su pésimo desempeño aún no se le ha mencionado para asumir algún otro cargo, pero sin descartarse su reubicación.
Sin embargo, ante la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, debió haber solicitado licencia para enfocarse a definir las estrategias para reaccionar ante las amenazas de posibles deportaciones de miles –por no decir millones–, de migrantes ilegales a fin de apoyar tanto a los mexicanos como a los afectados de otras naciones, a fin de evitar su expulsión y, en caso de suceder, estar preparados para recibirlos y atenderlos adecuadamente.
Respecto a Cuauhtémoc Blanco, quien solicitó licencia para dejar la gubernatura del estado de Morelos, no fue considerado para alguna otra responsabilidad, ya que fue postulado como diputado plurinominal por Morena y actualmente es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por lo cual no requiere ser asignado a algún cargo federal.
De esa forma solo quedan dos mandatarios que continúan en funciones, pero hasta el momento sin tener algún nombramiento expreso para su futuro inmediato. Ellos son el veracruzano Cuitláhuac García, quien terminará su gestión el 30 de noviembre, y el chiapaneco Rutilio Escandón, quien concluye su administración el 7 de diciembre.
Ahora, ¿qué tienen en común ambos gobernadores? Que han tenido un pésimo desempeño y dejarán a sus entidades en condiciones poco aceptables.
Respecto a García, quien tras perder las elecciones de 2016, se volvió a postular en 2018 para, con el total respaldo de Andrés Manuel López Obrador ahora sí ganara, razón por la cual le quedó definitivamente agradecido y ha sido uno de sus más leales seguidores.
Pero esa relación no fue bien aprovechada para que hubiera desarrollado una positiva administración en beneficio de los veracruzanos ya que, entre otros puntos, registró desde la falta de apoyo a la producción, poca atención a los caminos carreteros, deficiencia en el ritmo al sector salud, la carencia de una política clara en materia de seguridad ciudadana y un déficit en tema de desaparecidos políticos, y le acusan de falta de sensibilidad para atender esa parte.
Un renglón sensible y fallido fue el de la seguridad ciudadana, pues García Jiménez ni siquiera se preocupó por cambiar el concepto de Seguridad Pública por el de Ciudadana, además de no proporcionar los instrumentos legales, constitucionales, presupuestales e institucionales para ofrecer una mejor atención a la población.
Además. utilizó su cargo para efectuar persecuciones políticas no solo en contra de opositores ideológicos, sino en contra de compañeros de Morena, su mismo partido político; también, bajo acusaciones sin comprobar, logró remover al fiscal de justicia estatal para colocar a una abogada afín.
Pero si en Veracruz el sexenio fue desastroso, en el caso de Chiapas, con el gobernador Rutilo Escandón resultó peor, en particular por la violencia generada por el crimen organizado la cual ha escalado a niveles nunca vistos antes. Incluso, esa entidad es objeto de disputas entre diferentes cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.
Los más afectados son los pobladores de diversas comunidades, quienes han quedado en medio del fuego cruzado entre esos delincuentes –quienes los obligan a manifestase en contra de las autoridades– y las fuerzas policiacas y militares. Además, se han dado casos de personas que han abandonado sus viviendas y propiedades para buscar refugio en Guatemala.
También la administración del mandatario morenista ha sido objeto de múltiples acusaciones de corrupción, al demostrarse diversas irregularidades en la gestión de recursos públicos y en la asignación de contratos, lo cual ha generado desconfianza entre la ciudadanía al afectar la percepción de transparencia y legalidad en el estado.
En especial, las principales acusaciones de corrupción han sido por la opacidad en la adjudicación de contratos públicos, donde varias organizaciones han denunciado que la asignación de obras de infraestructura y servicios se han realizado sin los procesos de licitación adecuados, beneficiando a empresas cercanas al círculo político del mandatario estatal.
En fin, es posible que Sheinbaum haya reconsiderado su “invitación” a los gobernadores veracruzano y chiapaneco por sus pésimos resultados. Y de verse obligada a darles algún cargo esperemos que sea menor, donde sus actividades no resulten socialmente perjudiciales. De lo contrario serán un lastre político tanto para la presidenta como para Morena.