RECOMENDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS A 38 AYUNTAMIENTOS QUE NO APOYAN A DISCAPACITADOS

• Es la primera Recomendación General del año y no requiere aceptación, aunque sí se verificará su cumplimiento.
• Busca establecer acciones a favor de la equidad e igualdad de oportunidades para personas con discapacidad

Toluca, México, 15 de junio de 2014.- Ante la escasa o nula implementación de medidas en el ámbito municipal, para favorecer condiciones de equidad e igualdad real de oportunidades y de trato para personas con discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió su primera Recomendación General del año a 38 ayuntamientos, misma que no requiere aceptación por parte de las autoridades, pero que se verificará su cumplimiento.

En términos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, las recomendaciones generales se emiten para promover el mejoramiento de las prácticas administrativas para una mejor protección y defensa de los derechos humanos y prevenir cualquier conducta que los vulnere.

La Recomendación General emitida fue dirigida a los 38 presidentes municipales de Acambay, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Amanalco, Amatepec, Atlautla, Axapusco, Chapa de Mota, Donato Guerra, Ecatzingo, El Oro, Isidro Fabela, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Joquicingo, Luvianos, Malinalco, Morelos, Ocuilan, Otzoloapan, Otzolotepec, Polotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Sultepec, Temascaltepec, Texcaltitlán, Tlatlaya, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Zacualpan y Zumpahuacán.

Con el objetivo de promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, a través de medidas positivas y compensatorias a favor de ese sector, personal de la Secretaría Ejecutiva, realizó una investigación de campo en esas localidades, que albergan a un millón 624 mil 954 habitantes, de los cuales, 63 mil 931 son personas con discapacidad.

Para tal estudio, el organismo utilizó una muestra de 38 municipios con medio, alto, y muy alto grado de marginación, conforme al Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y tomó como base las ocho regiones en las que el Consejo Nacional de Población divide al estado.

Tras conocer la situación de cada municipio, se envió a los alcaldes un oficio, invitándolos a adoptar, en el ámbito de su competencia, las medidas positivas y compensatorias establecidas en la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México; también solicitó información sobre las acciones que han implementado en su administración o que ejecutan, a fin de que personal de la Secretaría Ejecutiva hiciera la verificación correspondiente.

Se concluyó que en 12 municipios tienen de una a seis acciones para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad; en tres realizaron medidas que no benefician a ese sector; y en 23 se abstuvieron de atender a la petición de informar a la Comisión, por lo que se desconoce si efectivamente hicieron algo al respecto.

La CODHEM recomendó a las autoridades acatar lo que señala la constitución federal, así como en otros ordenamientos legales y jurídicos del país en materia de derechos humanos, atendiendo al principio pro persona, es decir, se debe aplicar la norma que más le favorezca a la persona, como lo indican los tratados internacionales.

Asimismo, deberán incluir en sus políticas públicas, planes, programas y normatividad, medidas que generen condiciones de equidad e igualdad real de oportunidades y de trato; prevenir y eliminar toda forma de discriminación; así como promover el reconocimiento y respeto a los derechos de quienes tienen algún problema físico, mental o sensorial.

En materia de accesibilidad universal, el organismo sugirió hacer modificaciones o adaptaciones adecuadas a la infraestructura pública, que permitan el libre desplazamiento en condiciones de igualdad, dignas y seguras, de acuerdo con la normatividad aplicable; por otra parte, enfatizó en la necesidad de capacitar en la materia, a los servidores públicos que atienden al público en general, así como especializar a quienes trabajan de forma directa con este sector, para lo cual, la Comisión ofreció su colaboración.