Alebrijes en Cuadratines: Centralización del poder
Adrián Chavarría Espinosa
En toda la historia de la humanidad son muy pocas las personas que han podido ser reconocidas como plurifuncionales destacadas, es decir que resaltan en diferentes actividades, donde el mejor ejemplo sería Leonardo Da Vinci, quien además de gran pintor fue un inventor cuyos diseños aún siguen siendo estudiados en nuestros días.
Por esa razón debe puntualizarse que los políticos, aunque quisieran, no pueden ser todólogos –en especial quienes ocupan un cargo con mando, como alcaldes, gobernadores y hasta presidentes de la república, sin omitir titulares de organismos e instituciones autónomas y oficiales‑, para cumplir mejor sus responsabilidades necesitan rodearse de especialistas le apoyen en la mejor toma de decisiones para el mejor beneficio de quienes deben servir.
Entonces, un buen político es aquel que integra un equipo de trabajo con los mejores conocedores de cada tema para que después de establecer ya sea un plan o programa de trabajo sus colaboradores se dediquen a cumplir con sus compromisos y sus responsabilidades.
Si bien puede elegir entre sus amistades, el funcionario responsable deberá ser cuidadosos en que los nombrados sean personas que cumplan con los perfiles necesarios, sin caer en amiguismos y en caso de carecer algún candidato idóneo para alguna área, entonces buscarlo afuera del círculo de conocidos.
Así deberían integrarse los correspondientes gabinetes o equipos de trabajo pero, además, tiene la posibilidad de designar a asesores quienes le ayudarán al funcionario a tomar las mejores decisiones en temas específicos. Eso es lo que debería hacer un buen político, lo que lamentablemente sucede en muy pocas ocasiones.
También los responsables del poder deberán reconocer los buenos programas implementados por sus antecesores para reforzarlos, quizá darles una transformación de acuerdo a su política particular, rebautizarlos, pero seguir adelante con ellos.
Tampoco debe omitirse que resultan necesarios otros organismos autónomos y ajenos al poder, que deberán vigilar el correcto funcionamiento de las diferentes administraciones para que cuando por error o de forma premeditada ejecuten acciones, quizá no ilegales pero spi incorrectas, corrijan el rumbo.
Desafortunadamente en la actual administración federal se han registrado una serie de cambios, aparentemente con buenas intenciones, pero en el fondo buscan dos propósitos: uno, centralizar el poder todo lo posible y, dos, ejecutar una venganza en contra del sistema político que, de acuerdo a su visión, ha resultado lesivo socialmente.
De esta forma el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, esgrimiendo el argumento de la existencia de corrupción ha buscado terminar con programas sociales para intentar implantar los suyos –aunque a más de siete meses de haber asumido el poder, no hay un detenido, ni siquiera un proceso o investigación iniciada‑, y digo intentar porque esas intenciones se han quedado en el papel.
Así ha buscado terminar con programas como el de las guarderías, del seguro popular, el de atención a mujeres violentadas, el de la Policía Federal, el apoyo a programas científicos y artísticos, entre otros, hasta llegar no solo descalificar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sino anticipar su desaparición.
Según López Obrador no es necesario el Coneval, que no justifica su gasto de aproximadamente 600 millones de pesos, “recursos que podrían aplicarse en otros rubros –¿acaso como el del apoyo al beisbol a nivel nacional, cuando se dejan de respaldar otras modalidades deportivas?‑, y que sus tareas podrían ser desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), organismo al cual, por cierto, también se le han aplicado recortes presupuestales que ponen en riesgo varias de sus tareas.
Incluso, después el presidente denunció supuestas irregularidades en su operación, todo lo cual hubo de inmediato respuestas tanto para aclarar los presuntos malos manejos como de subrayar la necesidad de que el Coneval continúe como un órgano autónomo, el cual en anteriores administraciones federales formuló objeciones las cuales fueron acatadas.
Pero también López Obrador se ha expresado contra otros órganos autónomos e instituciones encargadas de medir la eficacia de políticas del Gobierno y de los servidores públicos, los cuales ya están en su mira ya sea para ser sustituidos por otros o para proponer nuevos titulares, también afines a su administración.
¿Qué sucederá? Pues de confirmarse y concretarse esa propuesta, la administración federal no sería cuestionada ni tampoco tendría que rendir información inconveniente para sus fines, todo lo cual se resumiría que en lugar de tener un mejor y más eficiente aparato gubernamental, se prestaría a ejecutar acciones sin una supervisión, lo cual de ninguna manera seria un avance. Debe tenerse presente que la reversa también es un cambio.