Maullidos Urbanos / El revés legal a Bonilla
Gato de Barrio
Finalmente y por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) avaló la propuesta del juez Fernando Franco González Salas de invalidar la reforma a la Constitución de Baja California con la cual se pretendía hacer legal la llamada Ley Bonilla, con la cual el gobernador pretendía ampliar de dos a cinco años su mandato.
Ahora, ante esa invalidación Jaime Bonilla concluirá su administración el 31 de octubre de 2021, y ceder el poder al ganador en las siguientes elecciones.
Debe recordarse que tras ganar las elecciones del año pasado el político postulado por Morena, bajo una serie de argucias legaloides y con el respaldo de la legislatura local saliente logró que se reformara el artículo octavo transitorio de la Constitución estatal para autorizar la ampliación de mandato.
Incluso en los últimos días el gobierno de Bonilla recurrió a los servicios de abogados para cabildear ante medios informativos que su proceder era legal, además de recurrir a supuestas encuestas que lo respaldaban, a fin de presionar para que su intención fructificara, lo que no sucedió y fue aplaudido y reconocido por la oposición política como el PAN; PRD, PRI, incluso la dirigencia nacional de Morena admitió y reconoció la decisión del tribunal.
Por su parte Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, calificó a todo ese ilegal proceso como «un verdadero» y «gran» fraude a la Constitución», el cual conllevaba «un efecto corruptor de rango constitucional.»
Hasta Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, escribió en twitter: “Reconozco la decisión unánime de la SCJN en favor de declarar inconstitucional la denominada Ley Bonilla en Baja California. Esta decisión preserva la democracia y la división de Poderes, y hace valer el marco jurídico que le da certeza y legalidad a nuestro sistema electoral”.
Por último Amador Rodríguez Lozano, secretario de Gobierno en Baja California, dijo que esa resolución no será discutida y sí acatada. y en una entrevista dijo: «no tengo opinión. Es una resolución de la Corte que tiene fuerza de ley. Es el máximo tribunal y eso significa que hay que acatarla sin más y no se puede ni discutir”, aunque insistió en que él no vio los argumentos avalados por los once ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En fin, se frustró una intentona de un gobernador emanado de Morena de torcer la ley para su beneficio personal y político, pero se encontró con un Poder Judicial que ha demostrado que opera con total independencia y autonomía.