Maullidos Urbanos / Sometimiento del Poder Legislativo
Gato de Barrio
Cuando el PRI era la principal fuerza política nacional, se le achacaba que el Presidente de la república, como titular del Poder Ejecutivo, dominaba a los otros dos –al Legislativo y al Judicial–, al grado de que se consideraba que no solo era quien controlaba a la nación sino también establecía e imponía los temas que debían aprobarse y cuáles no.
Esta situación era objeto de grandes críticas de los opositores quienes demandaban existiera una verdadera autonomía entre los tres poderes. En el caso del Legislativo se alcanzó cuando el PRI dejó de tener la mayoría absoluta en las Cámaras de Diputados y Senadores.
Mientras, en el Judicial, fue a partir del sexenio de Ernesto Zedillo cuando se empezó a gestar su independencia, lo cual propició que la designación de magistrados y jueces fuera una decisión más acorde a sus intereses particulares, todo ello fue reconocido por los diferentes sectores políticos.
Sin embargo, esa autonomía ya se perdió en la actual administración, la cual es presidida por Andrés Manuel López Obrador, quien dentro de sus proyectos está regresar a esa época donde el presidente y el PRI eran quienes decidían todo pero ahora bajo su control y con el respaldo de Morena, su partido político.
La mejor y contundente prueba se tiene en la reciente aprobación a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, cuyo propósito es revertir las reglas del sector diseñadas durante el sexenio pasado,
Esta iniciativa considerada como preferencial del Poder Ejecutivo, es decir, que debería legislarse sobre otras ya existentes, donde la sugerencia, propuesta o recomendación, por no clasificarla como orden, instrucción o mandato, era que tanto los diputados federales como los senadores deberían aprobarla “sin modificar ni siquiera una coma”.
Lo anterior se cumplió mediante el mayoriteo de los legisladores morenistas, quienes incluso aparentemente estaban dispuestos a escuchar puntos de vista de involucrados en la industria eléctrica, pero no lo cumplieron y prefirieron quedar bien con López Obrador.
Ahora lo que se espera es que se presenten litigios por esta contrarreforma energética, tanto por empresas e inversionistas afectados, como por partidos políticos y sectores sociales inconformes por considerar que las medidas aprobadas son retrógradas e ineficiente.
Sin embargo se comprueba que el proyecto de López Obrador avanza mientras el país retrocede a las condiciones económicas, políticas y sociales de mediados del Siglo XX.