APRUEBA LA LX LEGISLATURA DECRETO QUE BUSCA DAR EFICIENCIA Y TRANSPAREENCIA AL USO DEL PRESUPUESTO EN MUNICIPIOS
Bettina Falcón Valerdi
Toluca, Estado se México, 19 de mayo de 2021.- Debido que más de 50% + 1 de los ayuntamientos mexiquenses aprobaron la reforma constitucional que establece los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo del presupuesto público, la LX Legislatura a través de la Diputación Permanente emitió la declaratoria de aprobación del decreto correspondiente.
La reforma constitucional para que el gasto público sea transparente incorporó a la Constitución Política estatal los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos, consolidándolos como un derecho de las y los mexiquenses y una obligación en el servicio gubernamental, contribuyendo a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, así como a una gestión orientada por los resultados.
Aprobada por el pleno legislativo, la reforma constitucional se envió a los 125 ayuntamientos que en su conjunto conforman el constituyente permanente, para que votaran y a su vez comunicaran el sentido de su voto a la Diputación Permanente para proceder a su declaratoria y enviarla al Ejecutivo estatal para los efectos procedentes.
La reforma modifica los artículos 19, 125 y 129 de la Constitución Política local, para armonizar su texto con el de la Constitución Federal y establece que los recursos, cuya captación y administración corresponda a las autoridades estatales, municipales y órganos autónomos, se aplicarán con base en dichos principios, garantizando la atención a las necesidades de la población.
Las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios estarán orientados a la asignación prudente de los recursos, considerando criterios de proporcionalidad y equidad en la distribución de cargas y los beneficios para la población.
Establece que, cuando las licitaciones a las que hace referencia la propia Constitución no sean idóneas para asegurar dichos principios, las leyes establecerán las bases, reglas y requisitos para acreditarlos.
Además de que quienes integran el servicio público tendrán la obligación de aplicar, con base en estos principios, los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La reforma constitucional para que el gasto público sea transparente incorporó a la Constitución Política estatal los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos, consolidándolos como un derecho de las y los mexiquenses y una obligación en el servicio gubernamental, contribuyendo a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, así como a una gestión orientada por los resultados.
Aprobada por el pleno legislativo, la reforma constitucional se envió a los 125 ayuntamientos que en su conjunto conforman el constituyente permanente, para que votaran y a su vez comunicaran el sentido de su voto a la Diputación Permanente para proceder a su declaratoria y enviarla al Ejecutivo estatal para los efectos procedentes.
La reforma modifica los artículos 19, 125 y 129 de la Constitución Política local, para armonizar su texto con el de la Constitución Federal y establece que los recursos, cuya captación y administración corresponda a las autoridades estatales, municipales y órganos autónomos, se aplicarán con base en dichos principios, garantizando la atención a las necesidades de la población.
Las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios estarán orientados a la asignación prudente de los recursos, considerando criterios de proporcionalidad y equidad en la distribución de cargas y los beneficios para la población.
Establece que, cuando las licitaciones a las que hace referencia la propia Constitución no sean idóneas para asegurar dichos principios, las leyes establecerán las bases, reglas y requisitos para acreditarlos.
Además de que quienes integran el servicio público tendrán la obligación de aplicar, con base en estos principios, los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.