ADIÓS A LA LX LEGISLATURA MEXIQUENSE, CON SU EDIFICIO TAPIADO COMO CENTRO DE RECLUSIÓN
Bettina Falcón Valerdi/
Almoloya de Juárez, Estado de México, 14 de agosto de 2021.- Nunca antes una Legislatura había concluido su periodo constitucional con una investigación de oficio iniciada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (expediente CODHEM/AE/IG/103/2021) y con las oficinas tapiadas como si se tratara del Palacio Negro de Lecumberri. Los diputados de la LXI Legislatura que entrarán en funciones el próximo 5 de septiembre, tendrán un arduo trabajo, porque el destrozo que ocasionaron los legisladores que concluyeron, no tienen parangón en la historia de este Poder.
Ciertamente en la Legislatura repercuten todos los problemas del Estado de México, y no es la primera vez que grupos violentos llegan a expresar sus reclamos a las puertas de la llamada “Casa del Pueblo”. Podemos recordar a los estudiantes de la Escuela Normal de Tenería, quienes el día que se instaló la LIV Legislatura, tenían bloqueada la entrada principal, y cuando el diputado petista, Ignacio Dotor Vilano, llegó distraído al sitio del plantón, rebasó el bloqueo y de inmediato fue agredido con una patada por uno de los jóvenes que protestaban, los empleados de seguridad procedieron a proteger al diputado y no hubo estudiantes agredidos.
Pero jamás las protestas habían sido repelidas tapiando puertas y ventanas de edificios que están sujetos a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972) bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o del Instituto Nacional de Bellas Artes, (dependiendo del año de construcción), dejándolos como jaulas de aves de rapiña. Tampoco los o las manifestantes habían sido agredidas con chorros de agua como se hacía en la Alemania Nazi, ni bañadas con gases de colores para pintarlas y facilitar después su identificación y detención. Definitivamente la imagen pública del Poder, está dañada.
Por no únicamente por esta violencia, antaño todos conocían sus responsabilidades y límites para ejercerlas. Ahora estamos ante un caos, se trata de la Legislatura más opaca y desordenada que haya tenido la entidad. Desde la LIII Legislatura (que me conste), los reporteros de la fuente antes del inicio de cada sesión recibíamos en fotocopias los documentos sobre los temas a tratar en la plenaria. Posteriormente cuando la era digital entró de lleno, dichos documentos eran compartidos vía electrónica y hasta antes de la llegada de Alfredo Medellín Reyes Retana, a más tardar se recibían todos ellos un día después de que se llevara a cabo la sesión.
En la era “Medellín” esos documentos están fuera del alcance de los reporteros de la fuente y no se diga las entrevistas a los diputados; la página web de la Legislatura solo muestra lo que quien la diseña decide que se puede consultar; desapareció el historial de boletines que estaban clasificados por día, mes y año; el microsito del Órgano Superior de Fiscalización fue totalmente mutilado, ya no contiene el historial de cuentas públicas aprobadas desde el año 2000, tampoco el cumplimiento en los informes mensuales o trimestrales de los entes auditables, es más, en estos días únicamente como única información se puede ver un contenido titulado “Las 60 de la LX”. Se trata de un manejo maniqueo de la información.
Con eso de que hay muchos diputados a quienes se les dificulta la lectura, pusieron en práctica el uso de la “economía procesal” de que en tribuna leen los antecedentes y el resolutivo, así que generalmente hay que esperar a que el Ejecutivo estatal tenga a bien publicar el documento completo en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, o que el cronista legislativo después de unos tres o cuatro meses, actualice la Gaceta Parlamentaria para conocer de qué trataba el asunto. Por este motivo prácticamente nadie se enteró que al rechazar en la última sesión la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, lo que no se aprobó fue la revocación de mandato para los gobernantes de la entidad.
Otra dependencia que cada vez cumple menos con su responsabilidad es la Contraloría del Poder Legislativo: no vigila que los diputados como, Nazario Gutiérrez, quien es señalado como dueño de flotillas de combis en su natal Texcoco, se excuse de ser presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por presentar un conflicto de interés, mismo que los hechos han demostrado que tiene, ya que de 2018 cuando inició como diputado, a la fecha, la tarifa mínima del pasaje pasó de 10 pesos a 15 pesos. No se debe olvidar que nada hizo como diputado para evitarlo y en consecuencia, el costo beneficio de este incremento lo delata como actor interesado.
Este diputado logró la reelección, así que seguramente buscará la presidencia de dicha comisión, ojalá que la división en tercios de la nueva legislatura vigile estos actos y otros como los lujos que ostentó la diputada Liliana Goyas Trejo con una camioneta cuyo costo superaba por mucho sus posibilidades económicas, o la serie de operaciones estéticas que muchas diputadas se realizaron, cuestión que reviste importancia no por el hecho de practicárselas, sino por el costo que implican, y la ausencia de explicaciones sobre la procedencia del dinero con que lo hicieron.
Otra dependencia que requiere ser reconsiderada es el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), cuyos resultados en la revisión de las cuentas públicas distan pero por mucho del trabajo que elaboraba el depuesto auditor Fernando Valente Baz Ferreira. Las cuentas públicas que se aprobaron en la última sesión deliberativa representan entre 30 o 40% de la información y verificación que se realizaba en legislaturas pasadas, con esto la LX Legislatura se convierte en la más opaca de la historia de este poder.
Los nuevos diputados tendrán que restaurar el prestigio, dignidad, credibilidad y capacidad de legislar para poder revertir el daño que ocasionó la mayoría morenista, dado que alteraron todos los protocolos y violentaron a cada momento tanto la Ley Orgánica como el Reglamento, al adecuar a sus limitadas capacidades el desarrollo de las sesiones. Si bien la idea no es que se regrese a las formas del pasado, sí lo es que haya una limpieza general para reiniciar un trabajo que verdaderamente le dé resultados a la ciudadanía.
Basta solo mencionar que a pesar de contar en la actualidad con 18 leyes en contra de la violencia de género, los feminicidios siguen a la alza, de ocho que se perpetraban diariamente cuando inició sus funciones la LX Legislatura, en este año se registran 12 cada día, lo que deja en evidencia que “algo” no funcionó correctamente a la hora de legislar porque la ley no está surtiendo efecto en el tejido social.