Militarización del espacio aéreo mexicano / Maullidos Urbanos
Gato de Barrio /
Con 263 votos a favor, 26 en contra, y la abstención de 196 diputados de las fracciones parlamentarios del PAN y del PRD, el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen, para expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, cuyo objetivo es “garantizar el dominio pleno del Estado mexicano sobre el espacio aéreo nacional, estableciendo facultades para distintas dependencias del Gobierno Federal”.
Se pretende crear el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, para coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de inhibir las operaciones aéreas ilícitas y aquellas que atenten contra la seguridad nacional.
Para ello se integrará el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo para coordinar acciones para preservar la seguridad y soberanía del espacio aéreo; en tanto la Secretaría de la Defensa Nacional identificará a las aeronaves que violen las normas, y la SICT observará que las aeronaves civiles circulen conforme a las normas del tránsito aéreo.
De nuevo una legislación que en papel se observa con buenas intenciones, pero en el fondo lo que se pretende es que ya no sean las autoridades civiles sino las militares quienes vigilen y supervisen el espacio aéreo mexicano pero, para ello, en su proceso de aprobación hubo varias irregularidades, por las cuales la oposición votó en contra o se abstuvo de hacerlo.
Aunque la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva al considerar preocupante que la ley no fue avalada por especialistas, se violó el debido proceso legislativo, hubo graves inconsistencias en las votaciones de las comisiones unidas además de otorgar el control del espacio aéreo a las Fuerzas Armadas, ante lo cual consideró que se avanza la militarización del país, sin embargo fue desechada.
El diputado Francisco Huacús, del PRD, destacó que el dictamen careció de análisis, y su único objetivo es militarizar el espacio aéreo, razón por la cual se impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que invalide esa ley.
Esta legislación se suma a las acciones federales en materia de aeronavegación, como la propuesta para que en el país opera el cabotaje de aerolíneas extranjeras; que la Sedena opere una empresa aérea y controle aeropuertos, hechos por los cuales la Comisión Federal de Competencia Económica ya emitió una alerta por prácticas monopólicas.
Ahora esta legislación pasará a la Cámara de Senadores y en caso de avalarse será otro punto de conflicto político, donde la decisión final corresponderá a la Suprema Corte.