López Obrador y las leyes / Maullidos Urbanos
Gato de Barrio /
Ya han sido constantes y repetidas las ocasiones en que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresa su crítica a varios marcos legales, que califica de obsoletos, conservadores y corruptos. Incluso desde hace años demanda una profunda reforma al Poder Judicial. Está claro que, lo que sucede es que a él no le gustan porque limitan sus aspiraciones absolutistas sin contrapesos, o sea…
Recordemos sus frases como “al diablo con las instituciones” o “no me digan que la ley es la ley”, con las cuales manifiesta su inconformidad con leyes que le impiden seguir con su gobierno a su modo por lo cual, por ejemplo, cuando no pasó su iniciativa de reforma constitucional electoral y de inmediato recurrió a su tristemente famoso “Plan B”, para alcanzar sus propósitos con cambios en legislaciones secundarias y recurrir a los decretos que en ocasiones resultan anticonstitucionales.
De igual manera se ha pronunciado en contra de los órganos autónomos al calificarlos de onerosos, inútiles, de duplicar las funciones de autoridades federales y, nuevamente, de ser fuente de corrupción, al grado de que en varios faltan integrantes que ponen en riesgo su operación e, incluso, a otros donde no ha podido manipular, los quiere reducir hasta la inutilidad, como sucede con el Instituto Nacional Electoral.
Incluso, cuando él envía una iniciativa de ley ya se sabe que «se debe aprobar sin siquiera cambiarle una coma», aunque tenga errores de redacción y sintaxis, con lo cual pretende que el Congreso Federal asuma el papel de simple oficialía de partes.
A fin de respaldar sus intenciones López Obrador utiliza sus conferencias mañaneras, desde donde diariamente rebasa el propósito original de exponer los avances de sus programas y acciones, para desde ahí proferir acusaciones y, siendo un ignorante en el tema, perfilar tendencias económicas, y dictar línea en cuestiones sociales a sus seguidores y a los militantes de Morena. Incluso, en la totalmente falta de credibilidad sección “Quién es quién en las mentiras”, y con plena consciencia revuelve información con opinión, donde para él columnas y artículos se exponen puntos de vista de analistas, especialistas y periodistas, y simplemente las descalifica por “carecer de verdad”.
Por eso, en el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, el inquilino de Oalacio Nacional se mostró más contento cuando un jurado ciudadano –quien atendió a lo dicho por delincuentes reconocidos y sentenciados, sin aportar pruebas –, lo consideraron culpable de todos los cargos que se le imputaban.
Incluso le propuso al exfuncionario federal que se proponga como testigo colaborador para que ahora implique a quienes fueron sus jefes, los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a fin de que sean sometidos a juicio. Con ello, sin duda, lograría su venganza por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del año 2006,
Pero, cuando existe alguna medida contraria a sus deseos de inmediato reacciona y anuncia que la impugnará, como sucede con la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán quien otorgó una medida cautelar para suspender la aplicación de las reformas a las dos primeras leyes promulgadas y vigentes del Plan B en las elecciones en Coahuila y el Estado de México.
La Consejería Jurídica de presidencia advirtió que impulsará los medios de impugnación que establece la ley reglamentaria, para revertir los efectos de esta determinación “arbitraria e ilegal».
Es decir, mantiene su no aceptación de la leyes que no le gustan, pero deberá esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la serie de impugnaciones a ese Plan “B”, porque en caso de invalidar todas las reformas al compendio de leyes secundarias, indudablemente su molestia, enojo y cólera serán mayúsculos. Esperemos que así suceda.