EVITAR DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA ADULTOS MAYORES INDÍGENAS
*Se debe procurar su bienestar como indica la ley en la materia
Toluca, México, 29 de mayo de 2014.- Los adultos mayores indígenas sufren doble discriminación por pertenecer a una etnia y por su edad, a lo que se suma la violencia familiar, el abandono y despojo de sus familiares, expresó la integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Juliana Arias Calderón, quien consideró necesario aplicar la ley e incluso, establecer la obligación de los hijos a atenderlos.
Indicó que la familia es la base de la sociedad, sin embargo, hoy en día la falta de valores ha deteriorado la relación entre sus miembros, de ahí que hay quienes consideran que los adultos mayores ya no son productivos, por tanto, éstos se enfrentan a situaciones como no recibir alimento ni atención médica.
Al referirse al atropello que sufren los derechos de las personas de edad avanzada, más cuando pertenecen a un grupo indígena, porque muchas veces no saben leer ni escribir y tampoco tienen información para exigir sus derechos, indicó que se debe establecer que los hijos y otros parientes directos, deben dotarles de alimentación, techo, salud y afecto.
La consejera, representante de los grupos indígenas, explicó que a pesar de que existen leyes que los protegen, no siempre se aplican y proliferan los abusos de los familiares, engaños y hasta despojo de su patrimonio, sin que haya quien los oriente o represente jurídicamente, por desconocer a qué instancia pueden acudir.
Mencionó que el servicio que ofrecen las Casas de Día en algunos municipios, no abarca a toda la población de adultos mayores, y sobre todo, no cubren el espacio afectivo que deben brindar los hijos y familiares, que es lo que más daño les causa en su autoestima, al no tener ese acercamiento.
Cabe indicar que la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, señala en su artículo 5, que deben disfrutar plenamente, sin discriminación o distinción alguna, de los derechos que la ley les consagra; vivir en una sociedad sensibilizada, con respeto a sus problemas, méritos, responsabilidades, capacidades y experiencias; recibir protección de su familia, de la sociedad e instituciones públicas y privadas, estatales y municipales. Además, de tener una vida libre de violencia física, patrimonial, psicológica, sexual o de cualquier tipo.