Alebrijes en Cuadratines: Polémica salarial en la 4-T
Adrián Chavarría Espinosa
Aún no habían transcurrido los primeros 15 días del nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que se ha denominado como la Cuarta Transformación (4-T), y ya enfrenta problemas con diversos sectores por temas como la recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la disputa por la gubernatura de Puebla, la anulación de la Reforma Educativa, pero destaca el enfrentamiento con el Poder Judicial por el tema salarial.
Inicialmente deben considerarse los principios del actual presidente de la república: no mentir, no engañar y no robar. Pero en este caso de los sueldos podría decirse que falta a dos de ellos, cuando acusa a jueces y magistrados de tener salarios superiores a los 600 mil pesos, cuando de acuerdo con datos del Diario Oficial de la Federación esa cifra no resultan ciertas.
En el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación correspondiente a 2018, señala que los 11 ministros del máximo tribunal ganan anualmente por sueldos y prestaciones un monto anual total bruto de seis millones 938 mil 234 pesos, es decir 578 mil 186 pesos al mes, casi cerca de los 600 mil citados por López Obrador, pero si se considera el salario neto, es decir después de impuestos, se queda en cuatro millones 659 mil 489 pesos, para 388 mil 290 pesos mensuales.
Respecto a los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la situación es similar: sus ingresos anuales brutos son de seis millones 938 mil 234 pesos, equivalente a 578 mil 186 pesos al mes para que en cifras netas, sus ingresos anuales sumen cuatro millones 681 mil 831 pesos, es decir 390 mil 152 pesos mensuales.
Podría admitirse que sí, que son salarios exagerados, pero no por ello debería generalizarse que todos los servidores públicos tienen altísimos salarios, tal como lo difunde López Obrador, quien bajo el argumento de la austeridad republicana pretenda reducir los sueldos de la burocracia.
Dentro de las obsesiones de López Obrador se encuentra que ningún servidor público deba ganar más que el presidente, para lo cual fijó como 108 mil pesos mensuales como tope máximo, pero ¿por qué esa cantidad y no 110 mil, 120 mil o 150 mil pesos al mes?
No debe desconocer que existen otros funcionarios en otras áreas con altas y delicadas responsabilidades que ganan más arriba de los 108 mil pesos fijados como tope, quienes ante este panorama han decidido renunciar porque consideran que su preparación y labor merecen ese salario y buscarán otros ámbitos donde sean reconocidos y valorados adecuadamente.
Sin embargo, ahora resulta que la nueva secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, exhortó a la iniciativa privada a bajar los altos salarios de sus empleados para que se ajusten a los términos planteados del servicio público, aparentemente para que esos especialistas del servicio público no deserten al no tener mejores expectativas.
Aunque no debe omitirse que de darse esa circunstancia esas personas podrían emigrar al extranjero, para ser contratados sin problemas y, entonces, se daría lo que se llama una fuga de talentos, donde quien perdería sería el país.
Incluso López Obrador también manifestó que quienes no estén de acuerdo con los ajustes salariales a la baja pueden salir ya que existen otros que pueden suplirlos, pero nadie garantiza que serían con la misma calidad laboral, experiencia, capacidad y responsabilidad de quienes actualmente se desempeñan en esos cargos.
Incluso se corre el riesgo de que quienes asuman esas responsabilidades no estén comprometidos con el servicio público y esperen la primera oportunidad para incurrir en irregularidades y se genere la corrupción, a la cual la actual administración se ha comprometido con acabar.
En conclusión se puede decir que esa reducción salarial puede generar más puntos negativos que positivos, por lo cual lo recomendable sería revisar esa política de austeridad. Por ejemplo, se podría integrar una comisión con la participación de especialistas y expertos que propusieran un tipo de tabulados salarial para aplicarse a las diferentes responsabilidades y áreas del servicio público para que las retribuciones resulten acorde a sus funciones.
Lo que no debe suceder es que con el argumento de la austeridad, se limite el progreso personal de quienes se han preparado académica y profesionalmente y merecen tener un ingreso adecuado a todo su esfuerzo y capacitación, porque parece que en lugar de alentar el progreso individual se quiera limitar ese crecimiento profesional que debería redundar en mejores condiciones de vida e ingresos.