LOS PODERES Y SU AUTONOMÍA/ MAULLIDOS URBANOS
Supuestamente en el sistema político mexicano existen tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, donde cada uno debería ser autónomo y funcionar como contrapesos para evitar que exista concentración de poderes –aunque suene reiterativo–, con el propósito de que cada parte procure lo mejor para todos los mexicanos.
Sin embargo, durante la aprobación de las iniciativas de presupuestos de ingresos y egresos para el año 2022 quedó claramente demostrado que el Poder Legislativo, integrado en su mayoría simple por diputados federales y senadores de Morena, está a las órdenes y disposiciones del Poder Ejecutivo, el cual es encabezado por el presidente de la república.
Se comprobó cuando en acatamiento a las órdenes presidenciales ambas iniciativas fueron aprobadas por los citados legisladores de Morena y sus aliados, los partidos Verde y del Trabajo, sin siquiera sufrir un cambio en una sola coma, para lo cual fueron ignoradas todas las observaciones formuladas por la oposición, incluso hasta algunas de sus propios militantes.
Incluso, el martes esos diputados acudieron a Palacio Nacional para ser felicitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer acatado fielmente sus instrucciones e, incluso, se comprometieron a sacar adelante su iniciativa eléctrica, lo que resulta difícil ya que es una reforma constitucional donde se requiere la mayoría calificada, de la cual carecen en estos momentos, ya que el apoyo de otros 56 diputados de oposición para cumplir esa meta.
En cambio el Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resistido los embates del Ejecutivo y ha operado de forma independiente. Por ejemplo, calificó de inconstitucional la reforma que ampliaba dos años el mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar como de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
También aprobó que los altos funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reciban un salario más alto que el presidente de la república, medida que también ha sido promovida por otros órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, Banco de México y Comisión Federal de Competencia Económica.
Sin duda además de estas decisiones la SCJN ha avalado otras nada agradables para López Obrador, quien ya verá cómo intenta desaparecer o al menos tener bajo su control a todos los órganos autónomos que considera contrarios a sus deseos y sus políticas.
Es de esperar que la Suprema Corte se mantenga firme en su independencia, de lo contrario México se encamina a la dictadura legal encabezada por el titular del Poder Ejecutivo.