Inesperada denuncia / Maullidos Urbanos
Gato de Barrio /
Una diputada federal formalizó ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción una denuncia en contra de la Secretaría de Bienestar, por un probable quebranto al erario por seis mil 68 millones de pesos, el cual afectaría a las personas más pobres del país.
Lo inesperado de la denuncia es que la formuló la diputada Inés Parra Juárez, quien forma parte de la fracción mayoritaria de Morena en la Cámara baja, para lo cual se respaldó en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)a las Cuentas Públicas del 2018 al 2021, en donde se detectaron, entre otras anomalías, pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales y desvío de recursos públicos de esos programas.
De acuerdo a la ASF, se descubrieron casos donde no se acreditó la entrega de recursos públicos de programas sociales a beneficiarios, además de deficiencias en los registros de beneficiarios, con lo que no se acreditó el uso y destino correcto de los recursos financieros.
En su denuncia, Parra Juárez solicita se investiguen los posibles delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias; recordó que cuando compareció Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, ella alertó que seguía el “condicionamiento, desvío de recursos públicos con fines electorales y con la cultura de repartir cochinos, cerdos y marranos”, pero en ese momento sus denuncias ante el Órgano Interno de Control no prosperaron.
Al compararse este caso con la llamada “Estafa Maestra”, presuntamente cometida en el anterior sexenio donde aparentemente se entregaron siete mil 670 millones de pesos en contratos ilegales, con la participación de once dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios –sin haberse logrado una conclusión legal definitiva–, entonces esta acusación en contra de la Secretaría de Bienestar es apenas ligeramente menor.
Pero no hay que olvidar la corrupción en el órgano Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) donde se calcula un desfalco de nueve mil 500 millones de pesos, ilícito reconocida por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuyas investigaciones no han prosperado como debería ser para sancionar legalmente a los responsables.
Con la denuncia de la diputada Parra Juárez se establece que la guerra en contra de la corrupción en el actual gobierno federal se ha quedado solo en el papel y en el discurso en las conferencias mañaneras. Si se quiere demostrar que sí se combaten estos ilícitos, se debe actuarse legalmente contra los responsables, de lo contrario solo serán palabras al viento,