ALEBRIJES EN CUADRATINES: OTRO CONFLICTO DE INTERESES (APOLINAR MENA Y OHL)

Alebrijes en Cuadratines

 Otro conflicto de intereses

 Adrián Chavarría Espinosa

 

Aunque para muchos los dichos populares resultan ser frases comunes, en realidad encierran una gran parte de verdad. Entre ellos: “La esposa del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo”, así como el de “no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas”.

            Ello porque recientemente se dio a conocer otro caso donde un alto funcionario del Gobierno del Estado de México, se vio involucrado en un aparente asunto de conflicto de interés. Concretamente se trata del secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, quien presuntamente solicitó un favor a la empresa OHL, concesionaria del Viaducto Elevado Bicentenario, a cambio de revisar las tarifas de uso de esa vialidad.

            De acuerdo a lo revelado Mena Vargas había solicitado que un paquete de un hotel propiedad de esa empresa española se le redujera a la mitad, ya que originalmente era de diez días cuando él nada más requería de ocupar ese servicio la mitad, es decir, cinco días y pagar únicamente ese lapso.

            Pero según grabaciones, que dicen fueron manipuladas, el funcionario no pagaría el hospedaje y, como parte del compromiso, se revisarían las tarifas de la mencionada vialidad.

            Aunque Mena Vargas salió a dar una conferencia de prensa donde alegó inocencia y presentó, de lejos, un estado de cuenta de su tarjeta de crédito donde afirmaba estaba el costo del hospedaje, ese documento no fue distribuido para conocer de cerca sus detalles.

            Ante todo ello el gobernador Eruviel Ávila Villegas ordenó una investigación a fondo y, posteriormente, determinó que mientras se resuelve el cao, las tarifas por uso del Viaducto Elevado Bicentenario se quedan congeladas, además de que OHL debe demostrar que se cumplen con las condiciones de la concesión, además de transparentar sus actos y rendir cuentas de los hechos recientes.

            Sin embargo, considero que difícilmente se logrará esclarecer todo este asunto y lo más conveniente tanto para el gobierno mexiquense como para el mismo funcionario, sería que éste presentara su renuncia al cargo.

            Y es que este asunto se da pocas semanas después de que David Korenfeld renunciara a la dirección general de la Comisión Nacional del Agua, tras comprobarse que había utilizado recursos públicos para servicio personal, al usar un helicóptero oficial para trasladarse desde su casa, en Huixquilucan, al aeropuerto internacional de la ciudad de México, para un viaje inicialmente señalado como para un tratamiento médico pero después se confirmó que era de vacaciones con toda su familia.

            Ahora, por la forma en que se ha desarrollado el asunto de OHL, se prevé que no habría otra alternativa que la salida del funcionario mexiquense, ya sea que voluntariamente presente su dimisión o le sea solicitada por el gobernador.

            Tanto en el caso de Korenfeld como en el Mena Vargas no se les discute su capacidad profesional ‑incluso al primero se le reconoce como un gran experto y conocedor del tema del agua y su manejo‑, sino la forma en que involucran asuntos personales con temas laborales, sin discriminar lo que debería ser un conflicto ético.

            Probablemente muchos funcionarios no consideran que deban existir problemas por el manejo de ambos temas, lo que sucede es que como no se hacen públicos ellos confían en que podrán seguir con esas actividades con toda tranquilidad.

            Pero es aquí, donde recuerdo los dichos citados al inicio de este texto, donde las cosas deben ser lo más claro y transparente posible para evitar nuevos problemas similares. Hace años los altos funcionarios podían hacer impunemente actos donde se involucraban asuntos oficiales con los particulares. Es más, los únicos servidores públicos que eran sancionados eran los carteros, a quienes se les acusaba de mal manejo de la correspondencia.

            Los servidores públicos –sin importar cuál sea su origen político‑, deben reconocer que se viven nuevas épocas, que existe una sociedad mejor informada, que los medios de comunicación personales permiten tener una fiscalización más precisa sobre su actuar y, por lo tanto, ya no pueden actuar impunemente, aun en situaciones antes consideradas normales o naturales para ellos.

            En caso de no comprender estas nuevas condiciones, simplemente estarán firmando de antemano su renuncia, cuando se hagan públicas sus irregulares actuaciones.

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