Maullidos Urbanos: Acciones ilegales
Gato de Barrio
Cuando un político gana una elección, al momento de asumir la responsabilidad para la cual se postuló y superó a otros adversarios, protesta “cumplir y hacer cumplir con la Constitución General de la República y las leyes que de ellas emanen”, además como frase común se compromete a mantener el imperio de la Ley, para que nada ni nadie esté por encima de ella.
Pero las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción, Causa Ciudadana y Nexos, han identificado 20 acciones que a su juicio las considera como ilegales, así como siete de dudosa legalidad y cuatro leyes a modo, implementadas en el actual gobierno federal autodenominado como el de la Cuarta Transformación.
De acuerdo con el estudio titulado Legalidad contra las Cuerdas, que cubre de diciembre de 2018 a mayo de 2019, se identifican acciones negativas para la población como la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, el memorándum para anular la Reforma Educativa, la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el inicio de Santa Lucía, la omisión en el desbloqueo de vías férreas en Michoacán y el cierre de comedores comunitarios.
Agregan el reclutamiento anticipado para la Guardia Nacional, la cancelación de recursos para estancias infantiles, la adjudicación directa y sin justificación en compra de pipas de Pemex, el inicio del Tren Maya sin requisitos legales previos, la consulta participativa para la termoeléctrica en Huexca, Morelos, y la militarización de la seguridad pública, entre otras.
Otras acciones enlistadas como de dudosa legalidad son la designación de los súper delegados, la adjudicación directa del estudio costo-beneficio del Tren Maya, la refinería Dos Bocas sin licitación ni permisos ambientales, la reducción de recursos para combatir el VIH Sida y cáncer, los programas sociales sin reglas de operación.
Las clasificadas como leyes a modo son la Ley Taibo, para que Paco Ignacio Taibo II asumiera la dirección del Fondo de Cultura Económica; la transformación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en una dirección adscrita a la Secretaría de Bienestar; el cambio al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, para que las asociaciones religiosas e iglesias participen en proyectos de reconstrucción del tejido social; y el reglamento del Servicio de Administración Tributaria.
Todo lo anterior sucedió en el primer semestre de la actual administración, pero ¿qué más se puede esperar en los meses siguientes?, además de la lista anterior, ¿qué podrá corregirse? Son dudas que únicamente el tiempo responderá, pero además queda la duda de qué tal legítimas y legales pueden ser las acciones emprendidas en el gobierno federal.