Morena pretende atomizar el campo mexicano con iniciativa confusa
Bettina Falcón Valerdi
Toluca, Estado de México, 19 de julio de 2021.- Ahora Morena a través de una iniciativa que pretende hacer llegar al Senado de la República, busca atomizar al campo mexicano y con ello elevar el costo de la producción agrícola, a la vez de conquistar a nuevos votantes entregándoles tierras gratuitas.
Esta llamada reforma constitucional agraria propone elevar a la carta magna “los derechos de la naturaleza”. Cabe aclarar que estos derechos están plasmados en la agenda 2030 que promovió el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas y que pese a que México se sumó a ellas, actualmente en la práctica, no se cumplen porque el gobierno de la República promueve utilizar combustibles fósiles en lugar de energías limpias, entre otros absurdos.
Esta iniciativa propuesta por diputados de Morena fue aprobada este lunes en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con Desarrollo Agropecuario y Forestal.
Ahí se dijo que “se busca garantizar un cambio estructural en favor de los pequeños campesinos, que pasa por la garantía constitucional sobre su propiedad y por una serie de ejes de productividad, comercialización, desarrollo social y democrático, protección del medio ambiente con reconocimiento de los Derechos de la Madre Tierra, protección de los recursos naturales y el territorio”.
Al parecer los diputados ignoran lo difícil que resulta desarraigar los usos y costumbres de la gente que vive del campo, ya que confían en lo que durante varias generaciones les ha dado sustento a ellos y sus familias.
Y esto no es exclusivo de México, incluso en los países del primer mundo las autoridades encuentran serias resistencias para innovar en las formas de producción, bata preguntarle a los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo la factibilidad de esta propuesta a un corto o mediano plazo.
Y lo más preocupante de esta iniciativa es que propone reducir la ya de por sí “pequeña propiedad” para que la SEDATU constituya un Banco de Tierras que permita reiniciar el reparto de las mismas a los jornaleros campesinos que tuvieron instaurados expedientes de dotación hasta antes de la reforma constitucional de 1992”.
Aquí lo que deberían analizar los diputados es el destino que tuvieron las 18 millones de hectáreas que en forma de ejidos repartió el PRI, a partir de la Reforma Agraria de 1934 impulsada por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río.
Ciertamente en aquellos años la tierra agrícola del país estaba concentrada en las manos de unos cuantos, pero actualmente uno de los mayores problemas es que las tierras de cultivo están muy atomizadas lo cual encarece la labor agrícola toda vez que es más caro contratar maquinaria para pequeñas parcelas que hacerlo para extensiones más amplias.
En la iniciativa se habla de entregar estos excedentes a “millones de jornaleros” y aquí cabría preguntar a cuántos millones, porque el campo mexicano cada vez está más abandonado por la fuerte migración que se ha dado tanto a las zonas urbanas, así como a los países vecinos del norte, donde les resulta mucho más rentable dedicarse a esta labor.
Ciertamente como dice la iniciativa, “el campo mexicano merece un nuevo horizonte, un cambio profundo” pero no especialmente en favor de los pequeños campesinos quienes difícilmente podrían obtener amplias ganancias en pequeñas parcelas, en todo caso funcionaría más organizarlos en empresas colectivas donde la inversión y ganancia se potenciara con la fuerza productiva de varios interesados.
En conclusión, como está plateada la iniciativa más pareciera que se buscan adeptos para la causa de MORENA, premiándolos con tierras agrícolas las cuales podrían terminar malbaratándose como los ejidos, más que beneficiar al campo mexicano y se pondría en riesgo la producción agrícola que hoy en día le da de comer al país.
Esta llamada reforma constitucional agraria propone elevar a la carta magna “los derechos de la naturaleza”. Cabe aclarar que estos derechos están plasmados en la agenda 2030 que promovió el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas y que pese a que México se sumó a ellas, actualmente en la práctica, no se cumplen porque el gobierno de la República promueve utilizar combustibles fósiles en lugar de energías limpias, entre otros absurdos.
Esta iniciativa propuesta por diputados de Morena fue aprobada este lunes en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con Desarrollo Agropecuario y Forestal.
Ahí se dijo que “se busca garantizar un cambio estructural en favor de los pequeños campesinos, que pasa por la garantía constitucional sobre su propiedad y por una serie de ejes de productividad, comercialización, desarrollo social y democrático, protección del medio ambiente con reconocimiento de los Derechos de la Madre Tierra, protección de los recursos naturales y el territorio”.
Al parecer los diputados ignoran lo difícil que resulta desarraigar los usos y costumbres de la gente que vive del campo, ya que confían en lo que durante varias generaciones les ha dado sustento a ellos y sus familias.
Y esto no es exclusivo de México, incluso en los países del primer mundo las autoridades encuentran serias resistencias para innovar en las formas de producción, bata preguntarle a los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo la factibilidad de esta propuesta a un corto o mediano plazo.
Y lo más preocupante de esta iniciativa es que propone reducir la ya de por sí “pequeña propiedad” para que la SEDATU constituya un Banco de Tierras que permita reiniciar el reparto de las mismas a los jornaleros campesinos que tuvieron instaurados expedientes de dotación hasta antes de la reforma constitucional de 1992”.
Aquí lo que deberían analizar los diputados es el destino que tuvieron las 18 millones de hectáreas que en forma de ejidos repartió el PRI, a partir de la Reforma Agraria de 1934 impulsada por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río.
Ciertamente en aquellos años la tierra agrícola del país estaba concentrada en las manos de unos cuantos, pero actualmente uno de los mayores problemas es que las tierras de cultivo están muy atomizadas lo cual encarece la labor agrícola toda vez que es más caro contratar maquinaria para pequeñas parcelas que hacerlo para extensiones más amplias.
En la iniciativa se habla de entregar estos excedentes a “millones de jornaleros” y aquí cabría preguntar a cuántos millones, porque el campo mexicano cada vez está más abandonado por la fuerte migración que se ha dado tanto a las zonas urbanas, así como a los países vecinos del norte, donde les resulta mucho más rentable dedicarse a esta labor.
Ciertamente como dice la iniciativa, “el campo mexicano merece un nuevo horizonte, un cambio profundo” pero no especialmente en favor de los pequeños campesinos quienes difícilmente podrían obtener amplias ganancias en pequeñas parcelas, en todo caso funcionaría más organizarlos en empresas colectivas donde la inversión y ganancia se potenciara con la fuerza productiva de varios interesados.
En conclusión, como está plateada la iniciativa más pareciera que se buscan adeptos para la causa de MORENA, premiándolos con tierras agrícolas las cuales podrían terminar malbaratándose como los ejidos, más que beneficiar al campo mexicano y se pondría en riesgo la producción agrícola que hoy en día le da de comer al país.